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Legislación

¿Qué debemos saber de la actual ley de asociaciones?

(La Ley Orgánica 1/2002, Reguladora del Derecho de Asociación, se puede conseguir en internet o solicitar en la Agencia de Desarrollo Local u Oficina de Información Juvenil más cercana)

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

La nueva Ley reconoce y protege el derecho de Asociación en su contenido esencial, tal y como ha sido reiteradamente definido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto es, en su vertiente positiva, como el derecho a crear asociaciones, a integrarse en las ya creadas y el derecho de las asociaciones a regular su propio funcionamiento interno; y, en su vertiente negativa, como el derecho que asiste a toda persona a no ser obligado a ingresar en ninguna asociación, a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida.

Se reconoce el Derecho de asociación a las entidades públicas que podrán ejercitarlo como medida de fomento, entre sí o con particulares y se limita este derecho, condicionándolo a que lo ejerzan en condiciones de igualdad con aquellos, al objeto de evitar que ostenten una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación.

Destaca la previsión legal tendente a evitar las asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio, la violencia, el terrorismo y la realización de actos que entrañen el descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o sus familiares. En este sentido, se establece la presunción legal de que una asociación desarrolla actividades de este tipo cuando alguno de los integrantes de sus órganos de gobierno y representación, o cualquier otro miembro activo, haya sido condenado por sentencia firme por pertenencia, actuación al servicio o colaboración con banda armada, en tanto no haya cumplido íntegramente la condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y los medios de la organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró.

CAPÍTULO II Constitución de las Asociaciones

En este aspecto destacar que la Ley concreta el número de personas necesarias para la constitución de una asociación, exigiendo el acuerdo de tres personas, previsión que no se contenía en la legislación anterior y que daba lugar a la polémica de si era suficiente o no el acuerdo de dos personas. El acuerdo de constitución se recoge en el acta fundacional que puede formalizarse en documento público o en documento privado.

La asociación nace en el momento del otorgamiento del acta, siendo preciso la inscripción a los solos efectos de publicidad, tal y como exige el artículo 22 de la Constitución Española. Por tanto, la inscripción no tiene carácter constitutivo y la asociación adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento del otorgamiento del acta. La inscripción en el registro determina la separación entre el patrimonio de la asociación y el de los socios.

En la regulación de la denominación de las asociaciones se refleja el criterio general de la Legislación Civil y Mercantil en materia de denominaciones de personas jurídicas. El nombre no puede ser igual o asemejarse de tal manera que pueda crear confusión, al de otras entidades ya registradas, sean estas personas jurídicas de naturaleza asociativa o no, ni con una marca registrada notoria, salvo que la inscripción la solicite el titular de la misma o con su consentimiento.

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