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Legislación

¿Qué debemos saber de la actual ley de asociaciones?

CAPÍTULO VI Medidas de fomento

En el capitulo VI se regulan las medidas de fomento a favor de las asociaciones inscritas. En primer término, se contiene un mandato general a las Administraciones Públicas para que promuevan y faciliten el desarrollo de las asociaciones y federaciones que persigan fines de interés general. En segundo lugar, se impone el mandato de promover la constitución de asociaciones, facilitando el proceso a todos aquellos ciudadanos que deseen crear una asociación. Se prevé el establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones.

Como medidas de carácter económico, se recoge la posibilidad de recibir ayudas y subvenciones públicas para el desarrollo de programas concretos incluyendo la previsión, a nuestro juicio innecesaria por ser ya propia del régimen jurídico de las subvenciones públicas, de que tales subvenciones sólo podrán ser destinadas al fin para el que fueron concedidas. Se contempla la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con las Administraciones Públicas para el desarrollo de programas concretos de interés social, potenciando el principio de corresponsabilidad y cooperación entre el sector público y privado, para atender a las necesidades sociales.

No se pronuncia el texto legal sobre los posibles incentivos fiscales reconocidos a las asociaciones, cuestión ésta que será objeto de regulación en la futura Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo en tramitación parlamentaria.

La medida de fomento más importante, y que es objeto de regulación independiente en la Ley, es la declaración de utilidad pública, cuya regulación contenida en la Ley de Asociaciones de 1964, fue objeto de modificación en virtud de la Ley 30/94, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. En la regulación de la declaración de utilidad pública contenida en la nueva Ley de Asociaciones, se mantiene en gran medida la regulación introducida por la Ley de Fundaciones. Si es destacable, en relación a los requisitos para poder acceder a la declaración, que en la regulación anterior se exigía la gratuidad absoluta en el desempeño de los cargos de los órganos de representación.

En cuanto a los derechos reconocidos a favor de las asociaciones de utilidad pública se sigue reconociendo el derecho a usar la mención "declarada de utilidad pública", a continuación del nombre de la entidad, además del derecho a disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas.

Se añade el derecho a disfrutar de los benéficos económicos que las leyes reconozcan y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, beneficio éste del que eran beneficiarias las Fundaciones y que se eliminó con la Ley de 1994, y que constituye una novedad en el derecho español de asociaciones. Las obligaciones impuestas a las asociaciones declaradas de utilidad pública, no han sufrido modificaciones.

CAPÍTULO VII Garantías jurisdiccionales

El Capítulo VII de la Ley, regula las garantías jurisdiccionales a favor de las asociaciones, consecuencia del artículo 24 de la Constitución Española que reconoce el derecho que todas las personas tienen a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus legítimos derechos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El derecho de asociación goza de la tutela por los procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional y, en su caso, por el procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional. Las asociaciones sólo pueden ser suspendidas en sus actividades o disueltas por resolución judicial motivada y por las causas establecidas en la Ley.

CAPÍTULO VIII Consejos sectoriales de asociaciones

La Ley prevé la creación de Consejos Sectoriales de Asociaciones que aseguren la colaboración entre las administraciones públicas y las asociaciones como órganos de consulta, información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación. En su composición estarán representadas las administraciones públicas y las asociaciones pudiendo formar parte de los mismos, miembros que se designen por sus especiales condiciones y experiencia en las diversas materias.

En lo relativo al régimen transitorio de la Ley, destacar dos obligaciones impuestas a las asociaciones preexistentes. Por un lado, deberán adaptar sus Estatutos en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma. La Ley de Asociaciones entró en vigor el 26 de mayo de 2002, por lo que el plazo para cumplir estas dos obligaciones finalizará el 26 de mayo de 2004. Por otro lado, deberán, igualmente en el plazo de dos años, declarar que se encuentran en situación de actividad y funcionamiento, notificando al Registro en el que se hallen inscritas la dirección de su domicilio social, y la identidad de los componentes de sus órganos de gobierno y representación, así como la fecha de elección o designación de éstos.

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